El anuncio del pueblo Aymara de radicalizar la huelga indefinida que llevan hace 19 días en contra de las concesiones mineras se cumplió, cuando más de 17 mil manifestantes enardecidos junto a infiltrados destruyeron varios locales del Estado entre ellos el Ministerio Público, SUNAT, Gobernación, Contraloría y algunos bancos.



La violencia se desencadenó luego que la comisión de alto nivel que envió el Ejecutivo no solucionara las demandas de los pobladores de la zona Sur de Puno y solo pidieran 180 días de plazo para estudiar la petición y luego retornaron a Lima. Esto causó un rotundo rechazo de los aymaras que junto a diversas organizaciones y sindicatos de la localidad, salieron a las calles donde se quemaron documentos de las instituciones del estado además de 3 vehículos, dos de ellos de propiedad del estado.

La situación se tornó incontrolable puesto que los 2 mil efectivos policiales que hay en la zona, no se dieron abasto para dispersarlos.A ello se suma que las principales vías de acceso han sido bloqueadas perjudicado la actividad comercial y turística en la zona. Los negocios y comercios se mantienen cerrados así como la paralización de labores escolares.